Dicen que no les ha quedado otra y que por eso ayer por la mañana decidieron levantarse de la mesa y romper las negociaciones con la Consejería de Administraciones Públicas. CCOOy UGT se han unido para luchar conjuntamente por una homologación salarial justa de los empleados de la Junta y ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo por la Administración regional han decidido convocar una huelga general del personal laboral y funcionario para el próximo día 4 de marzo, que irá precedida de asambleas informativas en los centros de trabajo y de concentraciones a nivel provincial el próximo día 20 de febrero.

Carmen Campoy, Miguel Guerra y Juan Antonio Moreno, por parte de UGT, y Fernando Pozo, Carmen López y Carmen Juste, por CCOO, denunciaron ayer que «es imposible» llegar a un acuerdo para homologar a los funcionarios con los de la Comunidad de Madrid, algo que en un principio el Ejecutivo autonómico acogió de buen grado, porque, de partida, «no estamos trabajando con los mismos datos».

Y es que, explicaron que, mientras ellos han hecho su propuesta de subida salarial teniendo en cuenta la Relación de Puestos de Trabajo (RPT)de la Junta, el Gobierno regional «ha cogido el número de los perceptores de nómina», que es una cifra «inferior» que desvirtúa el incremento retributivo.

En este sentido, exigieron a la Consejería que les informe del número de funcionarios real que trabajan actualmente para la Administración autonómica, algo, dicen, que hasta el momento se ha negado a facilitar.

Según el número de trabajadores que manejan tanto CCOOcomo UGT, la homologación afectaría a unos 19.500 empleados, de los que 7.200 son personal laboral, y las diferencias salariales con la Comunidad de Madrid oscilarían entre los 1.800 y los 4.000 euros por empleado al año.

«Con nuestras cifras, la subida retributiva que nos ofrecen está muy lejos de lo que nosotros hemos planteado», dijeron los responsables sindicales, quienes se negaron a ofrecer datos aproximados sobre la diferencia económica total entre ambas posturas, escudándose en que «no sería serio» por su parte.

En lo que tampoco hay igualdad de pareceres, según explicaron, es en los plazos de llevar a la práctica el acuerdo, puesto que los sindicatos quieren que el aspecto retributivo se aplique a los dos años y la Administración regional es partidaria de que sea a los tres años.

Tanto desde CCOOcomo desde UGT se aprovechó ayer la presencia de los medios de comunicación para hacer un llamamiento a los trabajadores, animándoles a seguir las movilizaciones para obligar a la Junta «a mover ficha» y a que «entienda de una vez que tiene que homologar a sus trabajadores con los de Madrid» porque «no puede tener los mejores empleados públicos y a la vez los peor pagados».