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POR UN MODELO DE CONSERVACIÓN
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En las Resoluciones del 37 Congreso Confederal, UGT considera prioritario y fundamental la preservación del medio ambiente y la renovación de los recursos naturales, exigiendo para ello que las políticas económicas se ajusten a un modelo de desarrollo que sea ecológicamente sostenible. Así mismo, afirma su compromiso con la preservación de la naturaleza, propugnando una ecología humanista, afirmando que la consolidación del Estado de Bienestar no puede concebirse en el futuro fuera de un marco que articule el crecimiento económico, la justicia social y la protección del medio ambiente. Desde UGT apostamos por un modelo que considere los recursos naturales en general, y los forestales en particular, como un bien básico de todo Estado y, en consecuencia, aplique un modelo de gestión adecuado, dedicando las inversiones necesarias que permitan tanto el mantenimiento como la mejora de estos recursos. Es necesario articular las medidas e incentivos económico-fiscales que contribuyan al desarrollo rural y a la estabilización de su población. Asimismo, articular este modelo de gestión debe asegurar la obtención de beneficios directos e indirectos que reviertan en toda la sociedad, entre otros, el freno de los procesos de erosión, la regulación del ciclo hídrico, el mantenimiento de la biodiversidad, la contención de avenidas, el aumento de los sumideros de CO2 la creación y mantenimiento de los espacios de ocio y recreo. La política de prevención y extinción de incendios forestales debe ser un elemento perfectamente integrado en una política global sobre el medio natural y constituirse en una de las prioridades de las Administraciones Públicas, a todos los niveles, con el fin de resolver las importantes carencias que padece la gestión forestal en nuestro país y contribuir a crear el empleo estable y de calidad en un sector con un gran potencial de crecimiento. En este sentido, esta política debe considerar la realización de trabajos de acondicionamiento de las distintas formaciones vegetales, con criterios selvícolas para la prevención, incorporándolos a las labores normales de gestión de recursos. Una gestión racional de los terrenos forestales que incluya la gestión de prevención y extinción de incendios, requiere sin duda un mayor esfuerzo presupuestario de las Administraciones Públicas del Estado. España cuenta con unos 2 millones de pequeños propietarios forestales, y del sector forestal dependen cientos de miles de trabajadores. Es necesario que la Administración general del Estado, en colaboración con las CCAAs y las Organizaciones Sindicales y Empresariales más representativas, realice un Plan de Formación y Empleo que sirva de punto focal para el fomento de la ocupación en el sector, como así lo recoge la Estrategia Forestal Española. Este Plan debe contemplar el calendario de actuaciones, el compromiso financiero para su cumplimiento, así como los mecanismos de seguimiento y participación de los agentes implicados. Urge también crear un foro de discusión sobre el futuro Programa Nacional Único de Desarrollo Rural, donde participe la Administración Central, las Comunidades Autónomas, junto con las Organizaciones Empresariales y Sindicales, d modo que se haga efectivo el principio de subsidiaridad y se logre una eficaz y racional financiación de los programas de desarrollo rural. |
