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POR UN MODELO ENERGÉTICO ECOSOSTENIBLE
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Los procesos actuales de generación y consumo energético contribuyen notablemente al deterioro del medio ambiente. Además, el 80% del consumo de este recurso corresponde a la cuarta parte de la población que goza de mejores condiciones socioeconómicas. Asimismo, la necesidad de alcanzar mayores cotas de Bienestar Social, teniendo en cuenta la cohesión interterritorial, en el ámbito nacional e internacional, requiere inevitablemente, según el actual modelo, un incremento del consumo energético para el futuro. En este sentido UGT manifiesta: El cambio de este escenario que además de insostenible es insolidario, exige una reorientación de las políticas energéticas que se plasme en el desarrollo e implantación de Planes Energéticos que actúan sobre el consumo, impulsando el ahorro y la eficiencia energética a través de programas de gestión de la demanda y de mejora tecnológica; sobre los sistemas de generación, diversificando las fuentes de suministro y utilizando procesos menos intensivos en el consumo de recursos no renovables y menos contaminantes. Un Plan Energético Nacional orientado a la sostenibilidad, desde la doble óptica socioeconómica y medioambiental debe contemplar: Un marco normativo que estimule la utilización de energías menos contaminantes y el ahorro, regulando la eficiencia de los procesos de transformación energética, optimizando el consumo de los sistemas y aparatos eléctricos, así como la climatización y aislamiento térmico de viviendas y edificios. Una Estrategia Nacional de Energías Renovables, dedicando fondos para lograr el desarrollo tecnológico necesario del sector, especialmente, entre otras, la eólica, solar y biomasa; estableciendo instrumentos fiscales que incentiven una mayor participación de las Energías Renovables en la estructura del suministro; incorporando, entre otros, criterios de climatización e instalación de Energías Renovables en las normas de viviendas de protección oficial y edificios públicos. En vista de los problemas que de forma accidental se vienen produciendo en el sector de generación de energía nuclear y, dadas las dificultades que plantea el tratamiento eficaz de los peligrosos residuos nucleares, consideramos pertinente el abandono progresivo de la energía nuclear en la medida que fuentes energéticas alternativas puedan sustituir este volumen de producción o que las centrales existentes en todo el territorio del Estado vayan agotando su vida útil. En todos los casos, deberán desarrollarse planes de compensación económica para las zonas afectadas con vistas a generar nuevas inversiones que compensaran los efectos de la retirada de este sector energético. Deben establecerse criterios de política fiscal que sean capaces de reorientar las actuales tendencias de producción y consumo energético, cambiando gradualmente la configuración del actual mapa energético nacional que muestra un perfil con claros desequilibrios. En este sentido, jugarán un papel determinante las ecotasas, cuyo objetivo no debe ser cumplir una mera función policial del principio quien contamina paga, puesto que, aún pagando, nadie puede comprar el derecho a contaminar a través de una ecotasa. Estos instrumentos fiscales, además de incorporar elementos que garanticen la cohesión social, no deben tener una finalidad recaudatoria y se destinarán a la financiación medioambientales o la desgravación del factor trabajo, en beneficio de una mayor generación de empleo. Las ecotasas deben tener un carácter desincentivador respecto a aquellos sectores energéticos que comportan un mayor deterioro medioambiental y/o un consumo desproporcionado en relación con las necesidades reales. La reducción del impacto ambiental del transporte exige reorientar los actuales modos y medios de transporte utilizados hacia fórmulas más eficientes, que no restrinjan la movilidad de los ciudadanos y mercancías, contemplando la reducción de consumos unitarios, fomento del transporte colectivo e impulsar la utilización del ferrocarril de acuerdo con las directrices Europeas. Condición indispensable para lograr esta reorientación del transporte es la mejora de la planificación urbanística, tanto de las ciudades como de las zonas industriales, que permita implantar sistemas eficientes de transporte colectivo. Algunas experiencias recientes demuestran que pueden obtenerse mejores resultados en la planificación urbanística, ordenación territorial y racionalización del transporte si los agentes implicados forman entes mancomunados y se elaboran estrategias que integren todos los factores actuantes. Atendiendo al principio de equidad social, es necesario equilibrar las actuales cifras de consumo / población, actuando con responsabilidad desde las Sociedades más favorecidas, evitando el derroche de energía y transfiriendo medios tecnológicos de generación energética mas ecosostenibles hacia los países en vías de desarrollo, de modo que alcancen las mismas cotas de salud y bienestar social que se disfrutan en los países desarrollados. |
