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UGT CLM PROPONE EN EL CONSEJO DE CONSUMO LA ACTIVACIÓN DE LA LEY DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE CASTILLA LA MANCHA
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El problema del agua en Castilla-La Mancha es un tema tremendamente complejo debido a las peculiares características hídricas y climáticas de nuestro territorio. En los últimos meses hemos asistido a la aparición de declaraciones de todo tipo sobre el tema, que han ido desde peticiones tan coherentes como la de garantizar agua de calidad y en cantidad suficiente para consumo humano, a otras que no lo son tanto y que están orientadas a garantizar los intereses de sectores muy concretos, como la petición de más agua para aumentar las hectáreas de regadío. La problemática del agua en nuestra región va mucho más allá de pedir la paralización del trasvase Tajo-Segura o solicitar más agua para regadío. El problema del agua necesita un enfoque integrado, que permita una planificación general y un debate profundo del problema. No podemos caer en el error de tomar medidas parciales o poner parches que apoyen sólo el interés de unos pocos y olvidar las limitaciones que la escasez de este recurso tienen sobre el potencial crecimiento y desarrollo de sectores como el industrial o el turismo. En Castilla-La Mancha contamos con la ventaja de que ese enfoque integral queda recogido en una norma que fue aprobada en 2002, la Ley 12/2002, que regula el ciclo integral del agua de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Por ello, el pasado 26 de octubre, en la reunión extraordinaria del Consejo Regional de Consumo, UGT-CLM apoyó la aprobación de una resolución que reclama una política de aguas capaz de garantizar el suministro a la población castellanomanchega, pero propuso la inclusión de un punto más: dar a esta ley 12/2002 la importancia que merece, activando y acelerando su cumplimiento. ¿Por qué UGT pide la puesta en marcha de la ley del ciclo integral de agua? Es una ley que garantiza el cumplimiento de las normas estatales y europeas sobre utilización y protección de los recursos de agua y del medio hídrico y se basa en principios de utilización racional y solidaria del recurso. Además esta Ley persigue el objetivo básico de ordenar
la política de abastecimiento, saneamiento y depuración
de aguas residuales en la región, a través de la ordenación
de las correspondientes infraestructuras, que comprende desde su planificación
a su financiación. Se trata de una norma que contribuye a regular
las infraestructuras hidráulicas mediante la coordinación
entre Administración central, regional y local. Con ello se
evitarían hechos que están ocurriendo, como son la construcción
de estaciones depuradoras con financiación de la Junta de Comunidades
de CLM y su posterior abandono por parte de las administraciones locales
por falta de fondos. |
